Nos encontramos con un gobierno que se sabe muy
débil, es consciente de su escaso apoyo ciudadano y nula credibilidad. El mismo Rajoy ya ha reconocido
que incumplió su programa a los pocos días de tomar posesión. Son muchas las
voces que reclaman su dimisión y la de sus ministros pero, como dice el
ministro Wert, sólo tiran la toalla cuando salen de la ducha. Como respuesta a
las múltiples demandas sociales no
encuentra otro camino que buscar apoyos indecentes en la ultraderecha de este
país y para ello qué mejor que legislar en base a sus negros postulados
medievales. En estos días va a salir la derogación de la ley del aborto, una
ley que, pareja con las existentes en Europa, ha posibilitado una disminución de los abortos
en este país. Pero eso da igual, si consigue los votos del clero, monjas y
sectores ultras del país, lo que opine una mujer les da igual, no pretenden más
que decidir en su lugar. De aquí a que las adineradas vuelvan a Londres para
abortar y las clases modestas pongan su vida en peligro para hacerlo en algún oscuro
y escondido cuchitril no hay más que un paso. Ante tanta debilidad del gobierno
no tienen otra ocurrencia que pretender evitar la protesta ciudadana, y ahí
está la ya conocida como ley mordaza que nos retrotrae a los tiempos de las
“lecheras” y “los grises”. No pretenden
otra cosa que ciudadanos sumisos y obedientes que no protesten contra el
gobierno. Hablan de ciudadanos ejemplares pero no dan ejemplo. Hablan de
transparencia pero no limpian el lodo donde están inmersos. Recurren a la
herencia recibida pero no dejan de sacar dinero del fondo de reserva de
pensiones. Si la policía investiga delitos económicos, el gobierno desmantela
las unidades policiales encargadas de ello, y además dan instrucciones para que
antes de detener a un político corrupto tengan la obligación de comunicarlo a
sus superiores. Si Hacienda investiga a grandes defraudadores, el gobierno
inicia una purga de esta alta institución, dejando de lado que la Agencia
Tributaria debe ser un organismo independiente al margen de colores políticos.
Jamás ha existido tanta manipulación en el organismo para librar de delitos a
algunos personajes y empresas que han dejado de pagar sus impuestos,
perjudicando con ello al resto de ciudadanos. Y es que parece claro que el PP
prefiere que se investigue y se persiga al trabajador, a autónomos y pymes
antes que las grandes empresas. Este el panorama después de dos años de
gobierno de Rajoy donde los ministros gastan la broma de consumir productos
caducados y los pobres se mueren por ello. Y ya puestos, pues a controlarlo
todo. Ahora pretenden sancionar a quiénes practiquen deporte en espacios
públicos no habilitados para ello. ¿Acaso sólo se podrá correr en pistas de
atletismo o hacer bicicleta en velódromos? ¿Acaso pretenden ciudadanos
sedentarios? Por correr multa de 100 a 1000 €, por practicar deporte solitario
de “riesgo” como bicicleta o patines de 1.000 a 90.000 €. Parece una broma,
¿verdad? Pero no, es totalmente cierto. Si esto sale adelante, ¿qué haremos con
los menores que juegan y corren en las
plazas de sus barrios?
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