La ley de la Dependencia, auspiciada por el gobierno socialista, es uno de los más importantes avances sociales realizados en los años que llevamos de democracia. Desde mi opinión, el más importante junto con la conquista de las libertades democráticas, hasta el punto de que hoy es uno de los pilares en que se sustenta el Estado de Bienestar, junto a la educación, la sanidad y las pensiones. Gracias a la misma, la dependencia se ha convertido en un derecho de los españoles. Son muchos los ciudadanos que necesitan una ayuda total o parcial al no poder desenvolverse por sí mismos. Son muchos los españoles que tuvieron que abandonar, descuidar obligaciones familiares, o incluso no pudieron realizar un trabajo remunerado, para poder atender a un familiar incapacitado o bien enfermo en los últimos años de su vida. Esta ley vino a tratar de resolver una situación injusta, y bueno es que el Estado proporcione más a quién más lo necesite como puedan ser nuestros dependientes.
Desde su implantación la ley no ha estado exenta de dificultades. La primera de ellas debida al boicot del Partido Popular que no cree en el Estado de Bienestar y en los derechos sociales. Sabido es que en las comunidades donde gobierna el PP, se alarga y alarga el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia ante la desesperación ciudadana. En muchos casos les fue reconocida cuando ya habían fallecido o cuando habían pasado más de tres años desde su solicitud. Prueba de ello es que Andalucía, gobernada por el Partido Socialista, es la comunidad autónoma en la que más ciudadanos tienen reconocida su dependencia, por encima de los 150.000, cifra muy superior a la de los dependientes reconocidos conjuntamente entre Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia, gobernadas por el PP. Considero que el reparto de los fondos por el Estado entre las comunidades y municipios para la aplicación de la dependencia, no debería hacerse en función del número de habitantes sino de la cantidad de dependientes reconocidos, primándose con ello el esfuerzo en su aplicación. No sería justo darle a Andalucía menos fondos que a Madrid, contando nuestra Comunidad con más dependientes reconocidos.
La Dependencia se ha convertido también en una fuente de empleo dentro del Estado de Bienestar social en que vivimos. Así Lebrija, con un alto número de dependientes, únicamente contaba a la entrada de la nueva corporación con cuatro auxiliares de ayuda a domicilio. Tres años después, a día de hoy, disponemos de ochenta auxiliares que dejan a las claras el gran esfuerzo que ha realizado la actual corporación para que los lebrijanos y lebrijanas tengan reconocida su dependencia. Gracias a las políticas municipales no sólo se han podido reconocer más dependientes sino que se ha podido aumentar el número de auxiliares de ayuda a domicilio.
Desde el PP, aprovechando la actual situación de crisis, ya se han oído voces pidiendo la paralización y eliminación de la ley de la Dependencia. Pero el gobierno socialista no les ha hecho caso, y en su política de ajustes por la crisis preserva y mantiene toda la columna vertebral de la política social como las prestaciones y servicios de Dependencia que se conservan íntegros. Y es que algunos presidentes de Comunidades gobernadas por el PP tienen una visión muy particular de lo que son prestaciones y ayudas sociales. Es curioso ver al presidente de la Comunidad gallega, Núñez Feijóo del PP, repartir los portátiles del programa Escuela Tic 2.0 entre los colegios privados, dejando a la educación pública de lado, o cómo los niños y niñas en los comedores escolares se ven obligados a consumir comida fría a base de jamón cocido porque no se les paga a las empresas de cátering. Es la forma de entender las políticas sociales desde el PP.
El gobierno de Zapatero ha dictaminado que respecto a la ley de la dependencia se elimina la retroactividad y a partir del 1 de junio se fija un tiempo máximo de seis meses para la resolución de las solicitudes sobre el reconocimiento de la situación de dependencia y la prestación a recibir. Y es que al dependiente lo que le interesa no es que se tarde tres años en reconocerse y cobrarla, a veces fallece antes, sino que se aplique cuanto antes para poder ser atendido en sus necesidades. Con esta medida de eliminar la retroactividad y poner un plazo de gestión máximo de seis meses, se suprimen retrasos injustificados, permitiendo además que más personas puedan disponer del servicio de ayuda a domicilio, creándose más empleo en este sector ya que se destina más dinero al pago de los servicios. Y es que desde el gobierno de Zapatero se apuesta por el sostenimiento del Estado de Bienestar a pesar de la alarma social que pretende crearse desde el PP desvirtuando la información sobre las medidas de ajuste, siguiendo su máxima de “miente que algo queda”.
